^{Ilustración por Higinia Garai}

Amalia era una joven nicaragüense de 27 años que vivía en la localidad costera de Poneloya, en el departamento de León.

En enero de 2010 le diagnosticaron cáncer de pulmón en estado avanzado, y estaba embarazada de siete semanas cuando fue ingresada en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, en la ciudad de León. A pesar de la gravedad de mi enfermedad, el personal médico decidió no aplicarle el tratamiento de radioterapia y quimioterapia porque consideró que podría afectar al embrión y provocar un aborto.

Se le recomendó a la familia de Amalia que formalizara una solicitud de interrupción del embarazo ante el propio director del hospital y ante el Ministerio de Salud. Esa solicitud nunca tuvo respuesta.

La solicitud fue presentada el 18 de febrero de 2010 ante la prensa, en una conferencia en la que participo la familia de Amalia y se hizo una denuncia pública del caso.

Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales se posicionaron a favor de la interrupción del embarazo para frenar la enfermedad de Amalia y salvarle así la vida.

Finalmente, el gobierno nicaragüense autorizó la aplicación del tratamiento para el cáncer, aunque sin la interrupción del embarazo. Amalia fue obligada a firmar un consentimiento informado, en el que se especificaba que no se iba a perder el embarazo y que el niño nacería vivo, aunque con poco peso. En realidad, era más que evidente que la quimioterapia tendría efectos en el feto, ya que es un tratamiento incompatible con el embarazo. El tratamiento no se comenzó hasta más de un mes más tarde de haber sido aprobado por el gobierno. 

El 27 de julio Amalia dio a luz en su domicilio y fue atendida exclusivamente por su familia sin asistencia sanitaria alguna. Del parto nació una criatura con graves malformaciones.

El Grupo Estratégico por la despenalización del aborto terapéutico en Nicaragua presentó una denuncia por delito de tortura contra el Ministro de Salud, el hospital y el personal médico. Sin embargo, Amalia desistió en continuar con el proceso legal, debido a que su estado de salud era muy delicado por el rápido avance del cáncer, que era ya de metástasis. 

Amalia falleció en diciembre de 2011. No se puede saber si habría superado el cáncer en caso de haber recibido el tratamiento necesario a tiempo. Sin embargo, es seguro que Amalia nunca debió ver conculcados sus derechos a la salud y a la integridad personal y que nunca debió pasar por el sufrimiento que le fue impuesto.