^{Ilustración por Higinia Garai}

Mi historia comienza en abril de 2013…

Sufro de la enfermada denominada lupus erimatoso discoide, un trastorno en el que el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error el tejido sano afectando a la piel, las articulaciones, el cerebro y otros órganos. En mi caso fueron los riñones. 

En 2012, fui madre de un niño cuyo embarazo fue realmente complicado debido a mi enfermedad. Entonces, me propusieron someterme a una esterilización, pero yo no acepte por miedo a perder a mi hijo y de no poder tener otra criatura más adelante. 

Este nuevo embarazo estaba agravando mi estado de salud y haciendo peligrar mi vida: el feto en gestación sufría anencefalia. Es decir, le faltaba una parte del cerebro y del cráneo, lo cual limitaba su supervivencia fuera de mi propio cuerpo a unas pocas horas.

El 12 de marzo de aquel año, estando yo embarazada de trece semanas, el jefe de la unidad jurídica del Hospital Nacional Especializado de Maternidad de San Salvador, informó al coordinador de la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia de que era necesario realizar un “procedimiento médico”, ya que, de no hacerlo, corría serio riesgo mi vida. Sin embargo, el personal del hospital no se atrevió a llevar a cabo la intervención por miedo a las consecuencias penales. Como consecuencia, a medida que mi embarazo avanzaba, mi estado iba agravándose más y más. 

Estaba ya en la décimo séptima semana de mi embarazo cuando decidí tomar la vía judicial para salvar mi vida. El 11 de abril la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico presentó en mi nombre un recurso de amparo ante la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Su objetivo era, por tanto, realizar la interrupción del embarazo para salvaguardar mi derecho a vivir. Entre quienes solicitaron al Estado o apoyaron que se me interviniera, se encontraban el Hospital Especializado de Maternidad; el Ministerio de Salud; el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos; Amnistía Internacional; y la Comisión Nacional de Bioética. 

Desgraciadamente, el 3 de mayo la institución concluyó que yo no estaba en riesgo grave de morir, y que solo se intervendría en caso de producirse una crisis. 

El propio director del IML, José Miguel Fortín Magaña, es miembro del Opus Dei y se había pronunciado en más de una ocasión en contra del derecho al aborto, que calificaba de infanticidio. 

Mi caso generó un enorme debate social en El Salvador y a nivel internacional también.

El 29 de mayo la Sala resolvió denegar el amparo cuando mi embarazo era ya de 7 meses. 

Finalmente, ante la resolución de la CSJ que me negaba el aborto terapéutico solicitado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó el 30 de mayo que el Estado Salvadoreño cumpliese con su responsabilidad y me proporcionara el tratamiento necesario para salvaguardar mi vida; ya que una vez superadas las 20 semanas de gestación, la intervención no sería considerada un aborto. 

El 3 de junio, a las 27 semanas de embarazo, el personal médico identificó contracciones y me practicaron una cesárea. La criatura nació sin cerebro y vivió tan solo cinco horas. Yo pude salvar mi vida pero actualmente sufro grandes secuelas. 

Varias Organizaciones de Derechos Humanos señalaron que la espera a la que fui sometida constituyó trato cruel, inhumano y degradante. Yo misma considero que negarme el tratamiento para salvar mi vida, a sabiendas que el feto no iba a sobrevivir, fue algo muy doloroso y un acto de tortura. 

Por esa razón, decidí presentar una demanda contra el Estado salvadoreño en noviembre de 2013; con el objetivo de que mi sufrimiento fuera reparado y para tratar de que ninguna otra mujer tenga que pasar por la tortura que yo sufrí.