En Ecuador, al igual que en otros países latinoamericanos, el aborto es constituyente de delito salvo en dos supuestos excepcionales; el aborto terapéutico y en casos de violación a mujeres “dementes” o “idiotas”. 

El aborto a debate, la lucha de David contra Goliat

En los últimos 10 años el país se ha vivido un intenso debate e intentos de modificar la legislación y avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Fue un pulso épico entre las fuerzas más progresivas y los movimientos de mujeres frente a las fuerzas más fundamentalistas y conservadoras lideradas por el propio presidente Rafael Correa. 

El objetivo a largo plazo de las organizaciones feministas en el país es conseguir la despenalización completa del aborto, pero en pleno auge del debate eran conscientes de la importancia de ser estratégicas, por lo que se marcaron objetivos más pequeños a corto plazo: la despenalización del aborto en todos los casos de violación. 

Finalmente, en 2014 se cerró el proceso constituyente del Código Penal, manteniendo el delito de aborto y la despenalización en los mismos supuestos iniciales, con la salvedad de la modificación del lenguaje más acorde con los nuevos tiempos. Así pues, el artículo 150 establece que “el aborto no será punible cuando sea practicado para evitar un peligro para la vida y la salud de la mujer embarazada, y si el embarazo es consecuencia de una violación a una mujer que padezca discapacidad mental”.

Virginia Gómez de la Torre, portavoz del Frente ecuatoriano para la Defensa de los Derechos sexuales y Derechos reproductivos:

 “el movimiento por los derechos humanos de las mujeres perdió una batalla, pero no la guerra. Y, de hecho, el debate había producido progresos en la opinión pública respecto a la despenalización”.

El epicentro de la desigualdad en Ecuador

Al igual que en la mayoría de los países de la región, en Ecuador la violencia sexual está a la orden del día y es un problema que afecta a un porcentaje altísimo de mujeres – 25,7% víctimas de violencia al año- y a las niñas, con más de dos violaciones por día. Obviamente, los datos recogen únicamente los abusos denunciados y registrados por las instituciones, lo cual no refleja la verdadera complejidad de la realidad, ya que la gran mayoría de los abusos se cometen en el seno de la familia, y estos no se denuncian debido a la cercanía de las victimas con los agresores. 

El agravante de la violencia sexual es en muchos casos la alta tasa de embarazos adolescentes que tiene como resultado, siendo Ecuador el país que ocupa el segundo lugar en América Latina. En los últimos 10 años los embazados en niñas de 10 a 14 años han aumentado en un 74,8%, con la gravedad que esto implica, ya que el embarazo a tan temprana edad es una causa de mortalidad. 

La tasa de mortalidad materna en Ecuador es una de las más altas de toda la región, ya que por cada 100.000 niños nacidos el 45,7 son de mujeres fallecidas. Estas cifras tienen además un componente de desigualdad social que se mide en términos de etnicidad y de acceso a la educación; es decir, son más las mujeres y niñas indígenas o negras y de bajos niveles de educación, las que son víctimas de estas violencias y las que mueren por embarazos tempranos. 

Siendo la violencia sexual un problema que afecta a todas las mujeres, ¿cómo es posible que la gran mayoría de ellas quede fuera de la ley? Ante esta falta de alternativas legales, la gran mayoría de las niñas y adolescentes se someten a abortos inseguros, que implica un alto riesgo de muerte o de problemas de salud crónicos.

^{Foto: Clemenet127}

Construyendo muros contra el derecho a abortar

A pesar de que hay supuestos en los que el aborto está despenalizado, no se han implementado protocolos médicos que garanticen el aborto seguro en estos casos a las afectadas. Existen además, ciertas diferencias étnicas en cuanto a al ejercicio del aborto, pues las mujeres de origen rural, indígenas y en general de situación precaria, tienen un acceso nulo o limitado a este.

Así pues, si el Estado no cumple con el deber de proteger los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres proporcionando el aborto terapéutico –establecido por ley- en los hospitales públicos. Como consecuencia, y por temor a ser denunciadas por el personal sanitario, las mujeres deciden no acudir a los centros de salud públicos y no ejercer su derecho a la salud y al aborto legal; lo cual las expone a prácticas abortivas clandestinas que son inseguras y que tiene un alto riesgo de muerte. 

^{Foto: Edson Chilundo}

En la actualidad las mujeres ecuatorianas están siendo criminalizadas como nunca antes lo habían sido. Desde 1837 el aborto ha sido delito en el país, sin embargo, existía en la sociedad ecuatoriana un cierto consenso de que estas no debían ser encarceladas por este motivo.