^{Foto: Steve Hansen}

Nicaragua es a día de hoy uno de los cinco Estados latinoamericanos en los que el aborto está penalizado completamente. El código penal vigente en Nicaragua castiga cualquier forma de aborto bajo cualquier circunstancia con penas de uno a dos años para la mujer que consienta la intervención, y de uno a tres años para quien la lleve a cabo. 

Al igual que El Salvador, Nicaragua tuvo en pasado una legislación más permisiva con el derecho a abortar de las mujeres. Gracias a la despenalización del aborto terapéutico, miles de vidas de mujeres en embarazos de riesgo pudieron salvarse y otras tantas niñas pudieron intervenir sus embarazos que eran el resultado de agresiones sexuales. 

El triunfo político de la Iglesia Católica

El año 2006 fue el comienzo de privación de libertad de las mujeres nicaragüenses para decidir sobre su cuerpo y sus vidas. Los fundamentalismos religiosos aprovecharon la campaña electoral de aquel año para lanzar sus mensajes y campañas anti elección masivamente. Así fue como consiguieron que su mensaje calara en el programa electoral de partidos políticos como el Frente de Sandinistas de Liberación Nacional. 

Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional nicaragüense hicieron oídos sordos a las recomendaciones de diversos colectivos, como organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, organizaciones de mujeres, profesionales de la salud e incluso del propio CIDH; y aprobaron el 26 de octubre de 2006 el proyecto de la ley que derogaba la despenalización del aborto terapéutico.

La penalización absoluta del aborto deja desde entonces a las mujeres en el desamparo, ya que no están recibiendo la atención médica necesaria para salvaguardar su salud y su vida. 

^{Foto: Steve Rhodes}

Sentenciadas a muerte en vida

La prohibición total del aborto, no permite que las mujeres con enfermedades o con embarazos de riesgo puedan interrumpir su embarazo para recibir tratamientos que salven sus vidas. Es más, para asegurar que no se llevan a cabo estas prácticas, la ley exige penas de cárcel de cinco años y de dos a ocho años de inhabilitación profesional para los médicos que realicen estas intervenciones médicas y dañen al feto. 

La consecuencia directa es que las mujeres han dejado de ir a los hospitales públicos en busca de tratamiento tras haber sufrido un aborto espontaneo, ya que el temor de ser denunciadas y ponerse en riesgo en latente. Al final todo depende de la arbitrariedad del personal sanitario, que realicen su labor con profesionalidad y respeto a las pacientes, y de que se sientan con la confianza y la seguridad suficientes como para llegar a desafiar lo establecido por la ley. 

^{Foto: Steve Hansen}

Las niñas, doblemente victimizadas

El patrón de violencia sexual sistematizada se repite en la mayoría de los países de la región latinoamericana, y en Nicaragua los índices de agresiones sexuales son especialmente altos y por ende, el número de embarazos fruto de estas agresiones también lo es. Según un estudio realizado por Católicas por el Derecho a Decidir, 1.247 niñas fueron violadas o victimas de incesto entre 2005 y 2007; y de las 198 menores que quedaron embarazadas ,172 tenían entre 10 y 14 años.

El Ministerio de Salud pública nicaragüense es consciente del problema social que suponen los embarazos en niñas y adolescentes. La penalización del aborto no ha hecho más que agravar el sufrimiento de las víctimas más vulnerables de la violencia sexual, ya que el número de criaturas nacidas de niñas entre 10 y 14 años ha aumentado en un 47,9%. La falta de alternativas seguras hace que las niñas y adolescentes se vean obligadas muchas veces a una maternidad impuesta y dolorosa. 

Aquellas que optan por llevar a término su embarazo se enfrentan por un lado, con serios peligros de salud, ya que su cuerpo aun no se ha desarrollado completamente y pueden sufrir complicaciones en el parto. Y por otro lado, con un rechazo y estigma de sus familias y comunidades, viéndose obligadas muchas veces a dejar la escuela y a interrumpir las actividades propias de su desarrollo evolutivo. 

Aquellas que opten por interrumpir el embarazo solo podrán recurrir a intervenciones clandestinas e inseguras, poniendo en riesgo su salud y su vida, y exponiéndose a ser encarceladas. 

Es una realidad que el Estado de Nicaragua está incumpliendo su deber de proporcionar la rehabilitación más completa posible a las víctimas de agresiones sexuales, que incluyen el acceso a un aborto legal y seguro.