La Declaración de Prensa de las Naciones Unidas de Bolivia, publicada el martes 19 de agosto pasado, en los medios y redes sociales, sobre los recientes casos de feminicidio en el país, enfatizó que se está incrementando en los últimos años y constituye actualmente uno de los problemas graves que enfrenta la nación boliviana. Para leer la Declaración pinchad aquí

La violencia hacia la mujer en Bolivia constituye un fenómeno generalizado que afecta a gran parte de las bolivianas independientemente de su condición socioeconómica, de su lugar de residencia o, incluso, de su nivel educativo.
En efecto, a pesar de los avances legislativos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, participación política de las mujeres y lucha contra la violencia hacia las mismas, la situación es alarmante. Según el informe “El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe” (2013), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, Bolivia es el país latinoamericano con el nivel más alto de violencia física contra las mujeres y el segundo, después de Haití, con mayores tasas de violencia sexual y feminicidios.
A poco más de una año de la aprobación de la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” (Ley 348), que tiene como objeto y finalidad la prevención de la violencia, la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia y la persecución y sanción de quienes atenten contra la integridad física o psicológica de la mujer, lo cierto es que el acoso y la violencia política hacia las mujeres en las instituciones públicas y dentro las propias organizaciones, la violencia en los hogares, en el trabajo y en todos los ámbitos en los que las mujeres se desenvuelven es un hecho ampliamente extendido.
En el caso de las mujeres indígenas, originarias y campesinas la situación empeora por los rígidos esquemas machistas que prevalecen en el área rural.
La Ley 348 incorpora al ordenamiento jurídico vigente la figura penal del feminicidio, a la que aplica la condena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto. No obstante, el feminicidio se ha convertido en un verdadero problema social en el país al que no se están dando respuestas efectivas desde el Estado.
Conforme a los datos del Observatorio “MANUELA, Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo”, del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), en el primer semestre de 2014, se registraron 98 asesinatos de mujeres. En otras palabras, cada 3 días muere en el país una mujer a causa de la violencia, ya sea por feminicidio o inseguridad ciudadana. Eso sin tener en cuenta los numerosos casos que no son denunciados o no son informados por los medios de comunicación.
Y es que la ley promulgada no termina de aplicarse. Ello por varias razones, que van desde la escasa voluntad y apoyos políticos, la falta de reglamentación y la insuficiente asignación de recursos económicos, hasta la incoherencia entre los instrumentos legales y las políticas públicas, la débil articulación interinstitucional, intersectorial e interjurisdiccional o la ausencia de suficientes capacidades técnicas en las instituciones públicas (policía, juzgados, hospitales, etc.) En la base del problema, la persistencia de patrones socio-culturales patriarcales que naturalizan la violencia y que asignan a las mujeres roles subordinados, tradicionales y dependientes, sobre todo aquellos relacionados con la reproducción y el cuidado de la vida familiar.
A estas alturas no se cuenta con jueces y fiscales especializados y, debido a la falta de recursos, no se han creado o fortalecido los Servicios de Atención Integral, las Casas de Acogida y los Refugios Temporales para mujeres víctimas de violencia que establece la Ley. Tampoco existe una reglamentación específica para la aplicación de la misma.
El resultado dramático es, como se ha dicho, que Bolivia presenta los más altos índices de violencia hacia las mujeres y de feminicidios de la región. Según los últimos indicadores del Instituto Nacional de Estadística y del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, nueve de cada diez mujeres son víctimas de algún tipo de violencia.
Del mismo modo, los registros actuales indican que el 87 por ciento de las mujeres sufren algún tipo de violencia intrafamiliar. Sin embargo, del total de mujeres que declararon haber sufrido violencia en sus hogares, el 83% no inició ninguna acción por miedo a represalias o por la indefensión y el maltrato en la justicia y policía. Y sólo un 17% realizó la denuncia.

Mundubat está presente en Bolivia desde el año 2006 y, junto a sus socias locales Red ADA y CDIMA, tiene como uno de sus ejes prioritarios de trabajo el apoyo a procesos de empoderamiento individual y colectivo de las mujeres, especialmente mujeres campesinas, indígenas y originarias de municipios rurales y periurbanos de los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, a partir del fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo social, participación e incidencia política.
Así, con el objetivo de promover sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales y su derecho a una vida sin violencia, impulsamos acciones destinadas a que las mujeres se conviertan en sujetos de transformación colectiva en el seno de sus propias organizaciones y de la sociedad en su conjunto y a la creación y mejora de espacios y mecanismos de denuncia, incidencia en políticas públicas y control social de su efectivo cumplimiento. Igualmente, apoyamos la articulación entre mujeres y sus organizaciones, fortaleciendo el tejido social existente, impulsando sus demandas y reivindicaciones y contribuyendo, de esta manera, a la creación de un entorno social más sensibilizado y convencido de la necesidad de afrontar la situación de exclusión, discriminación y vulneración de derechos que viven las mujeres.