Honduras vive una situación de pobreza extrema y sufre una violación sistemática de los derechos humanos (DDHH) a todos niveles: violencia generalizada, feminicidio, militarización, asesinato de periodistas, campesinos/as, defensores/as de DDHH, abogados/as, etc., especialmente tras el Golpe de Estado de junio de 2008, así como un elevado grado de impunidad que hace que estas violaciones no sean investigadas o que las denuncias efectuadas no tengan resolución alguna.

En los últimos años se ha incrementado la criminalización del movimiento social que lucha por los derechos todos/as los/as hondureños/as. Esta represión ha abarcado diferentes sectores entre los que se encuentran las organizaciones sociales, sindicales, magisteriales, medios de comunicación, partidos políticos, pueblos indígenas y afrodescendientes (garífunas) y hasta magistrados de la Corte Suprema disconformes con algunas de las medidas que estaba adoptando el propio Gobierno.

Esta criminalización de la sociedad civil organizada alcanza niveles especialmente preocupantes en todo lo que tiene que ver con la oposición al desarrollo de las ZEDEs -Zonas de Empleo y Desarrollo Económico-, metáfora que esconde la entrega de amplias franjas del país a las transnacionales en un acto que termina con la soberanía hondureña de esos enclaves y que constituye un despojo territorial, poblacional e institucional nunca antes conocido.